- El 62,6% de los españoles considera que no es necesario modificar la actual legislación sobre el aborto, frente al 24,3% que opinan que sí lo es.
- Casi tres de cada cuatro ciudadanos (73,8%) se manifiestan, por lo que conocen, en desacuerdo con la nueva ley sobre el aborto que pretende aprobar el Gobierno, mientras que casi uno de cada cuatro (24,3%) dicen estar de acuerdo.
Más de la mitad de los españoles consideran que no es necesario cambiar la actual legislación sobre el aborto de acuerdo con los datos del sondeo del servicio de Índices de opinión pública (IOP) de SIMPLE LÓGICA, partner de GALLUP en España.
Algo más de seis de cada diez ciudadanos (62,6%) consideran que no es necesario cambiar la actual legislación sobre el aborto como pretende hacer el Gobierno, frente a uno de cada cuatro (24,3%) que representan quienes sí son partidarios de la modificación. Representan algo más de uno de cada diez (13,1%) los que no llegan a pronunciarse en un sentido ni en otro.
Se observan diferencias de opinión en función del sexo y la edad de los informantes, pero son más destacadas si atendemos a su estatus social y sobre todo a su orientación política.
El porcentaje de quienes no son partidarios de modificar la legislación sobre el aborto es apreciablemente superior entre los hombres (66,0%) con respecto al que se registra entre las mujeres (59,4%).
Atendiendo a la edad, por su parte, se observa que la proporción de quienes consideran que no es necesaria la modificación legal es superior entre los más jóvenes (74,2%), quienes tienen de 18 a 24 años, y significativamente inferior entre los mayores de 65 (47,9%), grupo de edad en el que se eleva tanto la proporción de partidarios de modificar la ley (28,1%) como de quienes no se pronuncian en ningún sentido (24,0%).
En función del nivel de estudios de los entrevistados, se observa que el porcentaje de quienes consideran que no es necesario cambiar la ley es notablemente superior entre quienes tienen estudios medios o superiores ( = 67,7%) que entre quienes tienen estudios primarios o inferiores (55,8%).
La opinión está claramente asociada al estatus social de los entrevistados. El porcentaje de quienes consideran que no es necesario modificar la ley es significativamente superior entre los entrevistados de clase social media-alta o alta (72,6%) y desciende a medida que lo hace ese estatus hasta situarse en el 56,6% entre los informantes de clase media-baja o baja.
Es clara la asociación que existe en el posicionamiento de los ciudadanos con su orientación política. La proporción de quienes manifiestan que no consideran necesaria la modificación de la legislación es significativamente superior entre los votantes del PSOE (72,1%), IU (86,7%) y UPyD (82,6%). Sin embargo, ese porcentaje es significativamente inferior entre los votantes del PP (48,1%), aunque todavía es superior al de quienes dentro de ese mismo colectivo de votantes consideran necesaria la modificación legal (38,4%).
Casi tres de cada cuatro ciudadanos se manifiestan en desacuerdo con la nueva ley que pretende aprobar el Gobierno, frente a algo más de uno de cada diez que representan quienes están de acuerdo con ella.
El 73,8% de los ciudadanos declaran estar en desacuerdo con la nueva regulación del aborto que el Gobierno pretende aprobar, frente al 12,3% que representan quienes están en desacuerdo.
Son mínimas las diferencias de opinión que existen entre hombres y mujeres y, atendiendo a la edad, el único dato reseñable se registra entre los entrevistados de más edad. En este grupo desciende significativamente el porcentaje de quienes se pronuncian en desacuerdo con la nueva ley que se pretende aprobar (49,6%) y es significativamente superior el de quienes se muestran de acuerdo (26,3%).
También es claramente superior el porcentaje de quienes están en desacuerdo entre quienes tienen estudios secundarios (80,9%) o universitarios (77,0%) con respecto al de quienes se declaran en el mismo sentido entre quienes tienen estudios primarios o inferiores (67,9%).
El nivel de desacuerdo con el nuevo planteamiento legal, en la medida que es conocido por la población, es significativamente superior entre los entrevistados de clase media-alta o alta (80,9%) y los de clase media (79,1%), al que se registra entre los de clase baja y media-baja (66,8%).
Atendiendo a la orientación política de los informantes, se observa que entre los votantes de PSOE, IU y UPyD representan nueve de cada diez quienes se manifiestan en desacuerdo con la legislación que pretende aprobar el Gobierno. Entre los votantes del PP esa proporción desciende significativamente y se sitúa en el 58,5%, porcentaje que, no obstante, es todavía claramente superior al de quienes se muestran de acuerdo dentro de ese mismo colectivo de votantes (27,4%).
