- La gran mayoría de ciudadanos españoles (78,7%) se posiciona a favor de la modificación de la legislación vigente en base a la cual se producen los desahucios.
- Nueve de cada diez (88,4%) afirman que en los casos de desahucio debe prevalecer el derecho a tener vivienda, mientras que sólo el 3,5% declaran que debe prevalecer el derecho de los bancos a cobrar las deudas.
- La mayoría de ciudadanos (90,4%) también se muestra a favor de que el Estado tenga viviendas sociales para los colectivos más desfavorecidos.
La gran mayoría de la población española está a favor de la modificación de la legislación vigente en base a la cual se producen los desahucios y además considera prioritario el derecho de los ciudadanos a la vivienda con respecto al de los bancos al cobro de las deudas.
Ocho de cada diez ciudadanos españoles (78,7%) están a favor de la modificación de la legislación vigente en base a la cual se producen los desahucios, mientras que representan un 15,7% quienes se posicionan en contra de dicha modificación.
Si observamos la distribución entre los distintos segmentos de población, se puede comprobar que la opinión de quienes se muestran a favor de la modificación de la legislación es generalizada y mayoritaria en cada estrato de población.
No obstante, se observan algunas diferencias significativas en función de la edad y la clase social de los informantes.
De forma que entre los que tienen de 35 a 54 años los porcentajes de quienes se muestran a favor de la modificación de la legislación vigente ( = 82,4%) son significativamente superiores a los registrados entre los mayores de 55 años ( = 74,0%), mientras que entre quienes tiene de 55 a 64 años quienes afirman estar en contra de dicha modificación representan un 23,9%, porcentaje significativamente superior al registrado para el conjunto de la población (15,7%).
Atendiendo a la clase social, entre los de clase social media se registra un porcentaje de quienes se posicionan a favor de la modificación de la legislación (83,2%) significativamente superior al registrado entre los de clase social baja o media baja (75,5%) y entre estos últimos quienes se muestran en contra de la modificación (18,2%) representan un porcentaje significativamente superior al registrado entre aquellos (12,2%).
Por otro lado, hay que destacar que no existen diferencias significativas entre los votantes del PP y los del PSOE, observándose entre quienes votaron al partido en el Gobierno una clara mayoría de quienes están a favor de la modificación de la legislación vigente, en sintonía con la opinión global de la población.
Consultados sobre el derecho que debe prevalecer en los casos de desahucio, nueve de cada diez ciudadanos afirman que debe prevalecer el de los ciudadanos a tener vivienda (88,4%) con respecto al de los bancos a cobrar las deudas, mientras que sólo un 3,5% de los entrevistados da prioridad al derecho de los bancos respecto al de los ciudadanos.
Esta opinión también es generalizada y mayoritaria en todos y cada uno de los segmentos de población analizados.
La mayoría es aun más pronunciada -y significativamente superior- entre los ciudadanos con menos de 55 años ( = 90,9%) con respecto a los mayores de 65 años (79,7%), entre quienes tienen estudios secundarios (91,4%) con respecto a quienes los tienen universitarios (85,5%) y entre los votantes del PSOE (92,2%) con respecto a los votantes del PP (82,6%).
La gran mayoría de los ciudadanos están a favor de que el Estado tenga viviendas sociales para los colectivos más desfavorecidos.
Representan nueve de cada diez los ciudadanos que se muestran a favor de que el Estado disponga de viviendas sociales destinadas a los colectivos más desfavorecidos (90,4%) mientras que un 5,6% declaran estar en contra.
En esta ocasión se observa claramente que la opinión mayoritaria lo es también en todos los segmentos de población.
No obstante y atendiendo a la edad de los ciudadanos, entre los mayores de 65 años el porcentaje de quienes están en contra de la existencia de viviendas sociales (2,2%) es significativamente inferior al registrado en el conjunto de la población (5,6%) y entre algunos otros grupos con edades intermedias ( = 8,2%).
En función de la clase social, entre los ciudadanos de clase media representan un 7,3% quienes se muestran contrarios a las viviendas sociales del Estado, porcentaje que es significativamente superior al registrado entre quienes pertenecen a la clase social baja o media baja (3,7%).
Atendiendo a los simpatizantes de las dos principales formaciones políticas, entre los votantes del PSOE se registra un porcentaje de quienes están a favor de que el Estado tenga viviendas sociales (93,5%) significativamente superior al registrado entre los votantes del PP (86,5%).
Por último cabe señalar que para cada una de las tres opiniones analizadas, a pesar de existir diferencias significativas entre algunos estratos de población, éstas no afectan a la tendencia global que refleja una clara sensibilización social en materia de vivienda, constatando que tal opinión es igualmente mayoritaria en todos ellos, incluido el segmen to de quienes votaron al partido que Gobierna en la actualidad, en el que recae la responsabilidad de garantizar los derechos de los ciudadanos.
