El futuro de las pensiones (mayo 2018)

El descenso de las cotizaciones a la Seguridad Social, con que se cubren los pagos de las pensiones, ha hecho que en los últimos años se haya reducido notablemente el fondo de reserva que ha servido para compensar ese déficit entre los ingresos y los gastos, por lo que en 2016 se reaviva el debate público el cómo garantizar los recursos para mantener el sistema de pensiones. Y es que, dos años después, pese a haber dejado atrás los peores tiempos de la última crisis económica, la precariedad laboral y las bajadas de salarios persisten, no así los precios, que comienzan ya a subir tímidamente. Todo ello acentúa el déficit entre ingresos y gastos en el sistema de la Seguridad Social.

Una posible solución para equilibrar el balance entre ingresos y gastos, de la que ya se hablaba hace dos años, se retoma: la creación de un nuevo impuesto o el incremento de alguno de los existentes para asumir los compromisos de pagos de las pensiones.

Simple Lógica ha tratado de conocer cómo evoluciona el posicionamiento de los ciudadanos ante estos dos planteamientos: la garantía del cobro de las pensiones gracias al crecimiento económico o por vía impositiva.

Casi dos de cada tres ciudadanos (65,5%) consideran que la mejora de la economía no permitirá garantizar el cobro de las pensiones en los próximos años, frente a poco más de uno de cada cuatro (25,8%) que representan los que opinan que esa mejoría sí permitirá garantizar ese cobro de las pensiones.

En comparación con 2016, se incrementan significativamente quienes desconfían en la capacidad del sistema de seguir asegurando el cobro de pensiones dada la mejora de la situación económica (5,8 puntos por encima de los 59,7% que sostenían esta opinión hace sólo dos años). Del mismo modo, quienes sostienen la visión contraria, descienden 4 puntos.

Las principales diferencias de opinión que se registran aparecen vinculadas principalmente a la edad de los informantes y en menor medida a la orientación política y a otras variables como el nivel de estudios o el ámbito (rural/urbano) de residencia.

El porcentaje de quienes no creen que la mejoría de la economía sea suficiente para garantizar las pensiones es entre los mayores de 65 años (50,1%) significativamente inferior al que se registra entre los restantes grupos de edad, y más especialmente entre los de 35 a 64 años (≥69,4%).

En cuanto a la orientación política de los informantes, quienes no confían en que la mejoría de la economía sea suficiente para garantizar el pago de las pensiones es entre los votantes del PP (56,6%) significativamente inferior al que se registra entre los colectivos de votantes del resto de los principales partidos de ámbito estatal: Unidos Podemos (72%), PSOE (66,3%), y Ciudadanos (68,6%).

En sentido inverso, entre el mismo colectivo de votantes del PP los que consideran que sí será suficiente la mejoría de la situación para asegurar las pensiones (32,6%) es significativamente superior a la que se registra en los colectivos de votantes de los demás partidos: Unidos Podemos (21,5%), PSOE (25,4%) y Ciudadanos (23,5%).

Atendiendo al nivel de estudios de los informantes se aprecia que entre los que tienen estudios universitarios el porcentaje de los que no confían en que la mejora de la economía fuera suficiente (73,5%) es significativamente superior al que se registra entre quienes tienen estudios secundarios (64,9%) y entre los que tienen estudios primarios o inferiores (59,6%).

No se aprecian diferencias estadísticamente reseñables ni por Comunidad Autónoma ni en cuanto al tamaño de la población de residencia.

El porcentaje de los partidarios de la creación de un nuevo impuesto o de incrementar alguno de los existentes para garantizar las pensiones es superior entre los hombres (42,3%) con respecto al que se registra entre las mujeres (34,2%) y entre los menores de 24 (50,8%) frente a los de 35 a 54 años (≥33,8%).

Pero las diferencias más acusadas se registran también atendiendo a la orientación política de los informantes. En ese sentido, hay que destacar que los más partidarios de un nuevo impuesto o del incremento de alguno de los existentes se encuentran entre los votantes del PSOE y de Unidos Podemos (con sendos 44,6%). En cambio el porcentaje de quienes se muestran contrarios a este tipo de medidas es significativamente superior al del conjunto de la muestra entre los votantes de Ciudadanos (68,5%) y son también la opinión mayoritaria (57,9%) entre quienes votaron al PP en las últimas elecciones generales.

También son relevantes las diferencias que se observan en función del tamaño de la población de residencia de los informantes. A este propósito hay que señalar que entre los residentes en municipios rurales, de menor tamaño, el porcentaje de quienes se declaran partidarios de crear un nuevo impuesto o incrementar alguno de los existentes (32,1%) es significativamente inferior al que se registra para el conjunto de la muestra, pero se va incrementando a medida que lo hace el tamaño de las poblaciones de residencia de los informantes, hasta situarse en el 42,1% entre los residentes en las ciudades de Madrid y Barcelona.

Por nivel educativo y por comunidad autónoma no se aprecian diferencias relevantes.